Saturday, May 14, 2011

Responsabilidad extracontractual de los principales por daños a terceros en el Derecho norteamericano

Estos extractos vienen del capítulo 2 (Agencia) de mi libro, Introduction to American Business Organizations (Introducción a las organizaciones empresariales estadounidenses), que está siendo traducido al español y será publicado en otoño de este año 2011 por la Editorial Marcial Pons en Madrid. Para recibir noticias sobre el progreso del libro, me pueden contactar a jmb111[at]columbia[punto]edu.

1. Empleados frente a contratistas independientes

Los términos usados en un contrato para describir la relación entre un propietario y un prestador de servicios no son dispositivos para determinar si existe una relación de agencia. El elemento principal que vienen considerando los tribunales radica en el nivel de control del propietario sobre una compañía. Cuanto más control se ejerza sobre una compañía y sus prestadores de servicios, hay una mayor probabilidad de que exista una relación de agencia.

De este modo, el principal no puede liberarse de la responsabilidad de reclamaciones por daños de prestadores de servicios a terceros sólo por el hecho de que el prestador de servicio sea calificado como “contratista independiente” en el contrato. El propietario puede ser responsable frente a terceros por negligencia del prestador de servicios. En el caso Humble Oil & Refining Co. v. Martin (Texas 1949), el demandante sufrió daños causados por un vehículo descontrolado en una estación de servicio gestionada por un operador prestador de servicios. Aunque el operador fue calificado como “contratista” en el contrato con el propietario, se consideró que existía una relación de agencia entre el propietario y el operador debido al control ejercido por el propietario sobre la gestión ordinaria del operador. En este caso, el propietario pagaba alguno de los gastos del operador, fijaba el horario de apertura de la estación de servicio y participaba en el proceso de toma de decisiones.

Esta regla se aplica incluso en las relaciones entre franquiciador y franquiciado. Según se definió en el caso Murphy v. Holiday Inns, Inc. (Va. 1975), la franquicia consiste en un sistema de distribución selectiva de bienes y servicios bajo una marca a través de establecimientos propiedad de empresarios independientes denominados “franquiciados”. Cuando el franquiciador ejerce suficiente control sobre las actividades del franquiciado, surge una relación de agencia. En el caso, Miller v. McDonald’s Corp. (Or. App. 1997), por ejemplo, el actor sufrió daños en su dentadura al comerse una hamburguesa por lo que demandó al franquiciador. La sentencia sumaria (summary judgment) inicial dictada en favor del franquiciador fue desestimada por el tribunal al entender que había evidencia suficiente para acreditar la existencia de una agencia ya que el franquiciador tenía el derecho a ejercer el control sobre las actividades del franquiciado. De este modo, el franquiciador fue considerado responsable de la negligencia del franquiciado que operaba el restaurante.

Por otro lado, en el caso Hoover v. Sun Oil Co. (Del. 1965) se entendió que no existía una relación de agencia. Aquí, el actor demandó al franquiciador y operador de una estación de servicio cuando sufrió daños por un incendio en la estación de servicio. El tribunal consideró que el franquiciador no ejercía suficiente control sobre el operador como para entender que existía una relación de agencia, por lo que le liberó de la responsabilidad derivada de la negligencia del franquiciado. Por contra, en este caso, el franquiciado fue tratado como un contratista independiente con control sobre sus propias decisiones y políticas, tales como, horarios de apertura del establecimiento y su limpieza e higiene. Aun cuando los productos Sun se vendía en la estación de servicio, eso no era suficiente para establecer una relación de agencia.

2. Responsabilidad extracontractual por daños causados por contratistas independientes

Generalmente, no existe relación de agencia respecto de actos causados por contratistas independientes. Sin embargo, existen ciertas excepciones, incluyendo las siguientes:

- Cuando el propietario de un terreno controla el modo en que el contratista independiente realiza sus trabajos de construcción.
- Cuando el contratista independiente no es competente.
- Cuando se desarrolla una actividad especialmente peligrosa.
 
El caso de Majestic Realty Associates, Inc. v. Toti Contracting Co. (N.J. 1959) claramente demuestra esta última excepción. En este caso, el demandado fue contratado por el Ayuntamiento de Paterson (City of Paterson) para demoler un edificio. En el curso de los trabajos, el demandado causó daños en el edificio del actor. El actor demandó al Ayuntamiento de Paterson bajo el argumento de la teoría de la agencia alegando que el Ayuntamiento era el principal del demandado. El Ayuntamiento se defendió alegando que el demandado era un contratista independiente y que por tanto el Ayuntamiento no debía ser responsable. El tribunal consideró que aunque el principal normalmente no es responsable de la negligencia del contratista independiente, en este caso el Ayuntamiento debía responder porque el contratista-demandado estaba desarrollando una actividad de por sí peligrosa: la demolición de un edificio de una calle concurrida.

3. Límite de las funciones (Scope of employment)

Para que el principal responda de los actos de su agente será necesario que el agente actúe dentro de los límites o marco de sus funciones o actividades. Anteriormente, esto significaba que el empleado o agente debía desarrollar sus actividades en aras al cumplimiento del propósito del principal. No obstante, una definición más flexible de este principio ha sido recientemente acuñada por los tribunales. De este modo, ahora se incluyen cualesquiera actos del agente en desarrollo de cualquier actividad que previsiblemente pueda realizar en aras al cumplimiento del propósito del principal, independientemente de si dicha actividad realmente sirve para dicho propósito.

Un tribunal federal en el caso Ira S. Bushey & Sons, Inc. v. United States (2d Cir. 1968) adoptó una aproximación especialmente liberal a este cuestión. En este caso, un marinero que trabajaba para los Estados Unidos volvía a su barco borracho y provocó el hundimiento de la embarcación al abrir erróneamente las compuertas, causando daños en el dique propiedad del actor. Aunque el marinero, un agente de los Estados Unidos, no estaba en modo alguno contribuyendo al cumplimiento del propósito de su empleador, éste fue considerado responsable debido a que era previsible que un marinero que se emborrachara pudiera causar tal incidente. De este modo, el tribunal consideró que el marinero se encontraba dentro del marco de sus funciones o actividades laborales .

Si un actor quiere que el demandado sea declarado responsable de los actos de su empleado, el actor, a quien le corresponde la carga de la prueba, debe probar que el empleado actuaba dentro del marco de sus funciones laborales. En ocasiones esto puede llevar a resultados inesperados. Por ejemplo, en el caso Manning v. Grimsley (1st Cir. 1981), el actor demandó a un jugador de béisbol y a su empleador por los daños causados por el lanzamiento de una pelota de béisbol después de que el actor increpara con insultos al jugador. El tribunal concluyó que si se probaba que el demandado lanzó la pelota al actor como reacción a los insultos sobre sus capacidades como jugador, entonces el empleador podía ser declarado responsable. No obstante, si el lanzamiento de la pelota no fue provocado por los insultos, entonces el empleador no podría ser responsable de los actos del jugador, no provocados, ya que se trataría de actos imprevistos o fuera de su alcance. En el caso concreto, se demostró que el demandado lanzó la pelota como reacción a la provocación del actor. Por ejemplo, el demandado miraba a los increpadores y no sólo a las gradas.

4. Reclamaciones legales

Para poder demandar a un principal por responsabilidad extracontractual por daños causados por un tercero, el actor debe demostrar que existe una relación de agencia entre el demandado y el agente. A tal efecto, el actor debe probar que el demandado-principal consintió que el agente actuara por su cuenta y que el agente aceptó actuar por cuenta del principal.

En el caso Arguello v. Conoco, Inc. (5th Cir. 2000), unos grupos minoritarios demandaron por prácticas discriminatorias en los establecimientos del demandado en violación de la ley federal. El tribunal consideró que no existía relación de agencia entre el demandado y los establecimientos bajo la marca Conoco en la medida en que los acuerdos por los que se regulaba la venta de gasolina Conoco en los establecimientos claramente establecían que dichos establecimientos eran independientes sin sujeción a relación de agencia. Sin embargo, en el caso de los establecimientos propios de Conoco los empleados actuaban como agentes del demandado, por lo que en dichos casos sí existía relación de agencia y, por ende, respecto a éstos, el tribunal falló en favor de los actores.

Tuesday, May 3, 2011

Natural Law Theory and Its Implications on Universal Human Rights

Until quite modern times, the law was infused with the idea that some principles could not only receive, but also merit, approval or disapproval, and that certain responses could be more just, ordinate, or appropriate than others. This concept is rooted as far back as the ancient Greek philosophers. Aristotle stated that “the aim of education is to make the pupil like and dislike what he ought.” The concept was infused in the philosophical treatises of writers as distinct as Augustine in the West and Avicenna in the East, all who referred back to Aristotle in formulating systemic theological treatises that sought to unveil systems of absolute truth. Like those after them, they discovered through human reason a law universal to all cultures and written on the heart of man. Among the values inherent in this universal law are beneficence, justice, good faith and veracity, mercy and magnanimity. Among the precepts of the universal law are commandments to love one’s neighbor as oneself and injunctions against murder, theft, and bearing of false witness.

These precepts are available to man not only through God’s special revelations given to prophets throughout history, but also through man’s capacity to think and reason. Where men of reason and virtue are permitted to think freely and without restraint or coercion, they inevitably recognize these laws. They also recognize that man is born free, with a natural right to life and liberty.

A. The History of England as an Illustration

The history of England is in this respect illustrative. Men of conscience struggled over a millennium to secure man’s basic inherent rights against kings that historically refused to acknowledge any law higher than themselves. The people’s first victory was the Magna Carta of 1215, establishing citizens’ rights, followed by the Petition of Right by 1628, a defense of the supremacy of the common law over the king, the Glorious Revolution, the English Bill of Rights, and ultimately the abolition of slavery in England. One finds natural law thinking reiterated throughout the great thinkers who shaped and justified these events, from de Bracton to Coke, from Milton to Locke, and even Wilberforce, all who vindicated the idea that the law was above any man, including the king, and that man had certain inherent rights that no ruler could infringe.

B. That the Principles Set Forth in the English Revolution Are Universal to Mankind

1. The United States and France

One cannot understand the American Revolution in general, and the United States Declaration of Independence, Constitution, and Bill of Rights in particular, without understanding the English Revolution. The American Revolution was in many ways the embodiment of the principles set forth in the Glorious Revolution of England. One further cannot understand the French Revolution and the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen without understanding the revolutions in England and the United States that preceded it. While each revolution had its own particular context and placed a different degree of weight on the place of faith, tradition, and reason in defining new constitutions and institutions, each one developed a commitment to the fundamental and natural rights of man, such as his rights to liberty, property, expression, association, and assembly.

2. The International Community at Large

a) Instruments of the UN Prove that Rights are Universal

It would be mistaken to state that the rights established by these revolutions are limited to Western nations. Rather, these rights were instituted and embodied in the virtually universally adopted Charter of the United Nations and its related instruments. On June 26, 1945, the international community convened in San Francisco and signed the CUN, the Preamble of which lists as one of the UN’s purposes the affirmation of fundamental human rights and human dignity. The CUN has been adhered to by virtually all states; the few remaining non-member states have acquiesced in the principles established in the CUN.

The fundamental human rights and human dignity laid out in the CUN are further outlined in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), adopted by the UN General Assembly in 1948 as an elaboration of the human rights provisions of the UN Charter. The UDHR has been nearly universally adopted, passing at the time of its promulgation with 48 votes in favor, zero against, and 8 abstentions. Some sources consider the UDHR to be a nonbinding resolution that set forth a “common standard of achievement for all peoples and all nations” (Preamble UDHR); others view it as an elaboration of the human rights provisions of the UN Charter, and thus claim that it is binding through the Charter.

Regardless of whether the UDHR is binding, a series of more recent international treaties convert the provisions of the UDHR into binding treaty provisions. Among these are the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966). The majority of states in the international community are parties to the ICCPR, which currently has 167 states party, as well as to the ICESCR, which currently has 160 states party. States parties to the ICCPR undertake to protect the wide range of civil and political rights, including a right to life (art. 6 ICCPR), prohibitions on torture (art. 7 ICCPR) and slavery (art. 8 ICCPR), prohibitions on arbitrary arrest or detention (art. 9.1 ICCPR), a right to trial within a reasonable time of arrest or detainment (art. 9.3 ICCPR) and to freedom of thought, conscience and religion (art. 18 ICCPR), as well as freedom of expression (art. 19 ICCPR). Many of these rights reiterate those vindicated in the English, American, and French revolutions, thus demonstrating that they are not limited to Western nations; rather, as nations across Asia, Africa, and the Middle East have recognized and committed to these rights, they have been proven to be universally applicable.

Although countries in the Middle East have signed on to these Covenants, many scholars maintain that the rights embodied therein are western inventions that are incompatible with Arab or Muslim society. Such scholars point to human rights track records in the Middle East as evidence of this: in most countries in the Middle East, with a few exceptions such as Lebanon, political parties not belonging to the governing elite are banned, freedom of expression is heavily restricted, arbitrary arrests and detentions are the norm, and human rights are categorically violated. Scholars thus argue that the adhesion of Middle Eastern states to the Universal Declaration of Human Rights or the International Covenant on Civil and Political Rights is a mere publicity stunt that has no real bearing as to whether the rights contained therein are appropriate or even compatible with Middle Eastern society.
b) Arab Spring Proves that Universal Rights Belong to the Arab Peoples As Well

Yet events today in the Middle East prove otherwise. In the Arab Spring that we see spreading across the Middle East, from Morocco to Bahrain, from Yemen to Syria, the peoples of the Middle East have proven that they too wish to enjoy the same basic human rights that have been in place in the West for centuries. They have demonstrated their aspiration to see the implementation of rights and liberties that heretofore were limited to meaningless treaties and other obligations that were signed but ignored by governing authorities. They too have shown that the right to life, liberty, expression, freedom of belief, association, a free press, and a right to choose one’s own government are not limited to the Christian West, but rather, are universal to mankind. They have shown through their blood and sacrifices that man is better and more noble as a martyr than as an imprisoned animal lacking dignity. They have demonstrated the nobility of the human spirit, what it seeks and strives for, and how it yearns with an unquenchable thirst for the freedom that is naturally granted to every human being by his Creator.